Bolivia: Evo Morales está pasando por los peores días de carrera política. Todo empezó por la eliminación de los subsidios al gas en Enero de 2011, por valor de 600 millones al año. Un coste difícilmente asumible para un país con las características de Bolivia.
A finales de Septiembre el general René Sanabria, máximo responsable de la lucha antidroga en Bolivia, fue condenado a 14 años de prisión en una cárcel de Estados Unidos. Sanabria había sido detenido en Panamá acusado de participar en el envío de un alijo de 144 kilos de cocaína a Miami en Septiembre de 2010.
Ahora le ha estallado otro conflicto de la peor fuente posible: la población indígena que históricamente ha constituido sus bases electorales. El problema surgió a raíz de la decisión del gobierno de construir una carretera a través del parque nacional de TIPNIS, que además se trata de un lugar sagrado para los indígenas locales. La empresa adjudicataria del proyecto es la brasileña OAS, un grupo apadrinado por ex presidente de Brasil, Lula da Silva, quien ha presionado activamente para que no se detenga el proyecto.
En respuesta a lo que consideraron una invasión inaceptable de su patrimonio natural, las comunidades indígenas del TIPNIS organizaron una marcha sobre La Paz. El presidente conoce bien el alcance de un de un bloqueo de la capital, puesto que ya en 2003, el mismo lideró un bloqueo en La Paz que terminó con el exilio del anterior presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Así las cosas, Morales se encontraba entre la espada -las protestas indígenas- y la pared -Lula y Brasil como importante socio ideológico y comercial-.
El día 24 de Septiembre, los indígenas retuvieron al canciller boliviano David Choquehuanca, que había sido enviado a negociar y lo obligaron a marchar con ellos durante varias horas para poder romper el cerco policial.
Al día siguiente, a la altura de la provincia de Beni, la policía ejerció una represión brutal sobre los manifestantes. Según fuentes del gobierno de Morales, 74 personas resultaron heridas en la represión de los antidisturbios. Según fuentes indígenas, el saldo fue de decenas de heridos, 35 desaparecidos -entre ellos varios niños- y un bebé fallecido.
El proyecto de la carretera se ha paralizado, y la carga ya le ha costado el puesto al Ministro de Interior, Sacha Llorenti, que produjo una cascada de dimisiones de ministros y altos cargos del gobierno. Pero tras mostrar su cara más autoritaria, su valoración ha caído en dos dígitos.
Por su parte, Morales acusó a Estados Unidos de tratar de desestabilizar el país, y pidió una investigación internacional sobre la represión policial y los arrestos varios activistas. La unión de Naciones Suramericanas, la Organización de Estados Americanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya han anunciado que se formará una comisión de investigación.
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